En una declaración conjunta, el grupo de 285 inversores que representan más de 20 billones de dólares en activos, destaca la necesidad urgente de una acción política que estimule la inversión del sector privado en las soluciones al cambio climático, cree puestos de trabajo, y asegure la sostenibilidad a largo plazo y la estabilidad del sistema económico mundial.

El comunicado comienza asegurando que el cambio climático representa “el mayor riesgo a larglo plazo para la economía global y para los activos en los que invertimos”. Además, sus firmantes reconocen que bien diseñado y aplicado a largo plazo de una manera eficaz, el cambio climático y una la política de energía limpia  no sólo ofrecen oportunidades significativas para los inversores en áreas como las renovables, la eficiencia energética y la descarbonización, sino que también “supone beneficios económicos, incluyendo la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas que estimulen la innovación tecnológica y proporcionen una base sólida para la recuperación económica y sostenible a largo plazo”.

Este grupo de inversores, que se aglutina en el Grupo de Inversores sobre Cambio Climático (IIGCC), ha hecho llegar su comunicado a los países del G-20 y a otros gobiernos antes de la convención de la ONU sobre Cambio Climático que se celebrará en noviembre/diciembre de este año en Durban.

El IIGCC anima a los inversores a utilizar su influencia colectiva para iniciar un diálogo con las autoridades , inversionistas y empresas para acelerar el cambio hacia una economía baja en carbono.

Esta comunicación de información tiene que servir para que este organismo efectúe “un adecuado seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de responsabilidad social” en las grandes empresas españolas, según se recoge en el artículo 39 de la mencionada norma.

Los informes, según se recoge, tendrán que estar basados en indicadores y estándares internacionales de referencia, así como constar si han sido “verificados o no por terceras partes”. Por otra parte, cualquier empresa “podrá solicitar voluntariamente ser reconocida como empresa socialmente responsable”, de acuerdo con las condiciones que determine el Cerse.

Con el fin de promover la responsabilidad social, el Gobierno pondrá a disposición de las empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente pymes, un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia.

El conjunto de indicadores tendrá que atender a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la mujer y de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad entre otros aspectos.

Todo ello adaptándose a las recomendaciones que haga el Cerse, a quien el Gobierno facilitará los recursos necesarios para que pueda llevar a cabo plenamente sus funciones.

Una norma internacional que llevará el nombre de AA1000SES, y que ha sido elaborada por el instituto Accountability, evaluará los compromisos entre las empresas y sus grupos de interés.

La nueva norma, que será publicada durante el primer semestre de 2011, establece los principios para que las empresas puedan desarrollar los compromisos con sus grupos de interés y auditar el grado de cumplimiento de dichos acuerdos.

Para John Scade, miembro del comité técnico de Stakeholder Engagement de Accountability y director general de MAS Business, “la nueva norma tendrá un gran impacto gracias a la participación de todos los grupos de interés en su revisión a través de más de veinte talleres en todo el mundo.

En la elaboración de la AA1000SES ha participado un panel de veinte expertos españoles de las principales empresas, ONG, sector auditor, analistas y medios de comunicación que se han mostrado partidarios de impulsarla como un estándar a nivel internacional.

Éstos matizan en su documento de conclusiones que “la norma debería ser un estándar mundial pero atendiendo a las definiciones y contenidos de la ISO 26000.

Por último para el director del Foro de Reputación Corporativa, la aplicación de esta norma implicará importantes cambios en la gestión empresarial, especialmente en el modo en que las empresas se relacionan con sus grupos de interés y su capacidad para inspirar confianza a través de la transparencia.

Con representación equilibrada entre países en desarrollo y desarrollados, los miembros serán nombrados para un periodo de 10 meses y se espera que presenten un informe de mitad de periodo en mayo y un informe final que contenga recomendaciones antes de la próxima conferencia de cambio climático que se celebrará en México en diciembre, según explicó la portavoz de Ban en declaraciones recientes.

Como parte de su trabajo, el grupo desarrollará propuestas prácticas sobre cómo elevar significativamente la financiación a largo plazo de fuentes públicas y privadas para las estrategias de mitigación y adaptación en los países en desarrollo, explica la portavoz.

“Aunque algunos mecanismos existentes pueden ser aumentados, el grupo se enfocará particularmente en la necesidad de fuentes de largo plazo, nuevas e innovadoras, con el fin de salvar la brecha en financiación internacional para el clima”, recalca la misma fuente.

El grupo estará guiado por un marco general para nuevos mecanismos de financiación, y estudiará cómo es recaudada y cómo serán distribuidos los recursos. El grupo expresará sus puntos de vista y sugerencias con base en los mejores análisis posibles y cuáles son factibles política y técnicamente, explica la portavoz, que añadió que la lista completa de miembros del grupo será dada a conocer en breve.

Los países en desarrollo necesitan asistencia no sólo para elevar los esfuerzos en energía no contaminantes, sino también para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

En Copenhague, los países acordaron movilizar cerca de 30.000 millones de dólares en los tres años próximos y 100.000 millones de dólares anualmente para el 2020 para los esfuerzos de adaptación y mitigación en los países en desarrollo.

La cumbre del clima de Copenhague agoniza pero aún no está enterrada. Hace una semana, en las negociaciones de Barcelona, la ONU asumió que en diciembre no habría un tratado completo que sustituya al de Kioto, como certificaron el fin de semana EE UU y China. Ahora, la UE y la ONU creen haber encontrado un resquicio para salvar los muebles.

Se centran en conseguir un acuerdo de la Convención de Cambio Climático de la ONU, de la que EE UU sí forma parte, en la que se incluyan los objetivos de reducción de emisiones para 2020. Esa sería la forma del acuerdo político aunque con ribetes de texto legal. Es ya el máximo al que apunta Copenhague, ya que el acuerdo final se retrasa hasta la cumbre de México, en diciembre de 2010, o hasta una cita intermedia a mitad del año que viene.

La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, participaba ayer en la reunión a puerta cerrada de 40 ministros que el Gobierno danés ha organizado en Copenhague como cumbre previa. “Que nadie se tire por el puente antes de tiempo”, resumió por teléfono.

Ribera está en el corazón de la negociación como parte de la troika de la UE, al asumir España la presidencia de la Unión en enero: “Tener un acuerdo jurídicamente vinculante tiene muchas dificultades aunque no hemos renunciado. Pero si a cambio tenemos un acuerdo con la ambición suficiente refrendado por los primeros ministros en Copenhague no sería un fracaso”.

Los negociadores de la UE ven la botella medio llena. Consideran que si en vez de un tratado completo con sanciones que hay que ratificar luego se consiguiera un texto claro que, sobre todo, aceptase EE UU, valdría la pena esperar un año.

La Administración de Barack Obama ha dejado claro que no firmará nada que le obligue internacionalmente hasta que el Senado no apruebe la reducción de emisiones -entre un 17% y un 20%- que tramita actualmente. Un éxito sería acordar en Copenhague “las emisiones individualizadas de los países desarrollados a largo plazo (2050) y a medio plazo (2020), si hace falta con rangos de emisiones, y un calendario concreto y breve para tener un acuerdo internacional”, dice Ribera. Es decir, que EE UU podría incluir no una cifra concreta sino una horquilla, lo que evitaría quebraderos de cabeza a Obama. Lo más problemático es el acuerdo a 2020, ya que a largo plazo hay coincidencia en la ambiciosa reducción de emisiones necesaria.

“La clave no es si es un acuerdo jurídico o no, la clave es si el acuerdo que salga tiene los elementos básicos de reducción de emisiones y de financiación. Eso es lo que tenemos que negociar con EE UU y con China, que siguen sin decir qué límite de emisiones aceptaran”, dice el representante de un país europeo, que ve evaporarse sus esperanzas puestas en Obama.

Este texto, como decisión de la Conferencia de las Partes, de menos de 10 folios, se negociará hasta la última hora, ya que en cada coma hay millones en juego. “Nadie se ha opuesto a que sea una decisión de la Conferencia de las Partes de la Convención, en la que todo el mundo forma parte y que obliga a todos”, añadió Ribera.

A partir de ahí, se seguiría negociando el tratado. Mientras la ONU apuesta por cerrar el pacto en una cumbre extraordinaria a mitad de 2010, la ministra danesa de Energía y Cambio Climático, Connie Hedegaard, apuntó que lo normal sería cerrarlo en un año en México.

Mientras China y EE UU se alejan del acuerdo, la carrera diplomática para salvar la cumbre está lanzada. Y ha creado interesantes lazos entre países en teoría situados en bloques opuestos. Nicolas Sarkozy, presidente de la República francesa, y Luis Ignacio Lula Da Silva, su homólogo brasileño, han conformado una suerte de alianza conjunta para que un documento común, que obliga a reducir las emisiones mundiales en un 50% para 2050, sea aceptado.

“No hay que permitir que Obama y Hu Jintao celebren un acuerdo basado exclusivamente en las realidades económicas de sus respectivos países”, aseguró Sarkozy. “Un acuerdo que no comprometa a nadie, eso no es lo que buscamos”, añadió Da Siva.

Cada uno por su lado o unidos, se volcarán en una maratón diplomático-ambiental para ganar adeptos, según anunciaron el sábado tras una entrevista con el presidente brasileño celebrada en El Elíseo.

La cuenta atrás para un acuerdo por el clima

- Diciembre de 2009. Cumbre de Copenhague. La capital danesa acoge de 7 al 18 de diciembre una cumbre del clima que empieza con las expectativas bajas. Los representantes de 191 países redactarán los términos de un acuerdo político antes de que los discutan los ministros de Medio Ambiente los dos últimos días del encuentro. Los líderes de 40 países han confirmado ya su asistencia.

- Mayo-junio de 2010. Encuentro anual en Bonn (Alemania) para discutir los detalles técnicos para la aplicación del Protocolo de Kioto y para preparar las dos últimas reuniones de negociación de un acuerdo climático que reemplace Kioto en 2013.

- 2 de noviembre de 2010. Los estadounidenses eligen al menos 36 de los 100 escaños del Senado. La campaña puede comprometer la votación de la ley que reduce las emisiones en Estados Unidos, prevista para la próxima primavera.

Analistas citados por Reuters creen que la cercanía de las elecciones puede empujar a los senadores a defender el mantenimiento del empleo y la reducción de gastos en detrimento del cambio climático. Si la economía estadounidense no mejora será muy difícil también que salga adelante en el Congreso una ley sobre el clima en 2010.

- Noviembre de 2010. De los días 8 al 19 se celebra en México DF la primera cumbre de ministros prevista por Naciones Unidas después de Copenhague. Es una reunión anual de seguimiento de Kioto.

- Junio de 2011. Encuentro anual en Bonn (Alemania). Si se consigue un acuerdo en 2010, en esta reunión se podría empezar a trabajar en los detalles, por ejemplo, en los métodos para detener la deforestación.

- Noviembre-diciembre de 2011. Se celebra en África (el lugar está aún por confirmar) la cumbre de ministros sobre el clima.

- Diciembre de 2012. Expira el Protocolo de Kioto.

“Necesitamos un cambio revolucionario en nuestro sistema energético si no queremos ver cómo la temperatura global aumenta seis grados centígrados en los próximos años”. Los efectos del aumento del nivel del mar, de las inundaciones o de las sequías supondrían, “si no el fin del mundo, algo parecido”.

Estas declaraciones, que encajarían perfectamente en un discurso ecologista de Greenpeace, forman parte de la presentación del informe de ‘World Energy Outlook 2009: Análisis sobre Cambio Climático’ a cargo del director económico de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), Fatih Birol, este martes en Madrid.

El problema reside en saber qué pasos hay que seguir para impulsar esa revolución y poder frenar la tendencia de incremento de temperatura y fijarla en un aumento inferior a dos grados centígrados. Y ése es precisamente el objetivo que persigue la IEA al hacer pública la parte que hace referencia al cambio climático casi un mes antes de que se presente en Londres el informe completo.

“El sector energético es responsable de casi el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ello hay que proveer a los negociadores de una herramienta útil con tiempo suficiente para poder digerirla”, dijo Birol.

La crisis económica global ha brindado una oportunidad de oro a los negociadores de la Cumbre del Clima que tendrá lugar en Copenhague el próximo mes de diciembre y que sustituirá al Protocolo de Kioto.

“La recuperación económica pasa por el cambio de modelo energético global”, aseguró Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático. Por ese motivo, el director económico de la agencia estima que es un buen momento para lanzar un “libro de recetas” que permita mantener el clima tal y como lo conocemos.

“Debemos cambiar de forma drástica el modo de producir energía”, aseguró Birol. “Necesitamos desarrollar decididamente las energías renovables, la nuclear y la cogeneración con almacenamiento de carbono”.

Según los cálculos de la IEA, para llevar a cabo un cambio de modelo como el que propone Birol sería necesario incrementar las inversiones en estas fuentes limpias en 10,5 billones de euros -10,5 millones de millones- hasta 2030. Un incremento que supondría el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial en 2020 y el 1,1% en 2030.

El informe también recoge recomendaciones dirigidas al sector del transporte privado. “Si queremos evitar un escenario catastrófico, las ventas de coches eléctricos e híbridos tienen que alcanzar en 2030 el 60% del total, mientras que hoy en día suponen apenas el 2%”, alerta.

Con estas 1.200 empresas, señaló GRI, el número de empresas que informan sobre su sostenibilidad alcanza una cifra récord, aunque siguen siendo una minoría. En concreto, la cifra representa un incremento del 46% sobre la cifra de 685, correspondiente al año 2007, y es la cifra más alta jamás registrada.

La Guía G3 elaborada por el GRI evoluciona cada año mediante un proceso de búsqueda de consenso entre representantes de las empresas, de la sociedad civil, de las finanzas, de los trabajadores, del entorno académico y otros.

El objetivo es fijar un marco común para la elaboración de memorias sobre temas que preocupan de manera general, como las emisiones de gases con efecto invernadero, los estándares laborales y los derechos humanos.

España, a la cabeza

De todas las memorias de sostenibilidad de las cuales el GRI tiene constancia, España, con 128, se sitúa al frente en cuanto al número de memorias presentadas, por delante de los Estados Unidos (100) que ocupa el segundo puesto, y seguidas de Brasil (64), Australia (56), Gran Bretaña (56), Japón (49) Alemania (41), Sudáfrica (41), Italia (38) y Canadá (36).

Por otra parte, los datos revelan que en Europa radican el 49% de las organizaciones que elaboran memorias de sostenibilidad con conocimiento de GRI, seguida de Asia, (15%), Norteamérica (14%), América Latina (12%), Oceanía (6%) y África (4%).

Además, muchas empresas que cotizan en las principales bolsas del mundo actualmente publican informes de sostenibilidad basadas en las directrices del GRI, entre ellas, el 64% de las que forman parte del DAX 30 (Alemania), el 48% de las del CAC40 (Francia), 22% de las del FTSE 100 (Gran Bretaña) y el 13% de las del S&P 500 (EEUU).

No obstante, lamenta la entidad, a excepción del índice DAX alemán, relativamente pequeño (30 empresas), siguen siendo una minoría las compañías de los principales índices de bolsa que informan sobre su desempeño en materia de sostenibilidad empleando el marco común que ofrece el GRI.

En este sentido, el director ejecutivo del GRI, Ernst Ligteringen recalca que “es necesario el acceso público a los datos de desempeño económico, medioambiental y social de las organizaciones si tenemos que estar informados de los efectos tanto de las opciones que tomamos al comprar los productos y servicios como de los modelos de negocio que adoptemos”.

Para aumentar todavía más la cantidad y calidad de información que se hace pública sobre la sostenibilidad de las organizaciones, la Junta del Global Reporting Initiative publicó este año la Declaración de Amsterdam sobre Trasparencia y Elaboración de Memorias, en la que exhortaba a los gobiernos a introducir políticas que exigieran a las empresas la elaboración de memorias de sostenibilidad o que explicaran las razones de no hacerlo.

En Suecia, todas las empresas públicas ya exigen la publicación anual de memorias de sostenibilidad, según las directrices del GRI, y en Dinamarca, Noruega, China y otros países se están aplicando políticas, o están en proceso de elaboración, que fomenten la presentación de memorias de sostenibilidad.

Tras dos semanas de receso, el Congreso analizará el tema después de que la administración Obama decidiera cambiar el rumbo de la política ambiental nacional. El viernes, la agencia de protección ambiental estadounidense (EPA) declaró las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO₂), “peligrosas” para la salud pública. Con esta decisión, la Casa Blanca presiona al Congreso para que adopte una ley antes de fin de año.

“El Congreso trabaja en una solución de conjunto al cambio climático, y yo me comprometí a presentar una ley sobre energía limpia este año”, escribió el viernes el presidente la Cámara de Representantes en un comunicado. Como primera etapa, la comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes examinará el tema de martes a viernes. Su presidente, el demócrata Enrique Waxman, es autor junto al representante Ed Markey de un primer borrador del futuro texto de la ley.

El ambicioso proyecto prevé una reducción escalonada de las emisiones de gases de efecto invernadero: de un 20% respecto a 2005 antes de 2020, luego de un 42% antes de 2030 y de un 83% antes de 2050. Además, apunta a la creación de un mercado federal de cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero, llamado ‘cap and trade’, para obligar a los más contaminadores a optar por soluciones más verdes. Resta definir las modalidades de adjudicación de las cuotas -algunos abogan por “permisos de contaminación” gratuitos para las industrias más vulnerables, como la del acero o el vidrio.

Pero la batalla en el Congreso se anuncia dura, ya que los republicanos e incluso algunos representantes demócratas de estados industriales o productores de energía, ya han expresado sus dudas sobre el sistema de ‘cap and trade’. En la Cámara, según una fuente próxima a los demócratas, los responsables de la mayoría esperan que se vote un texto antes de las vacaciones parlamentarias de agosto. En el Senado no se ha fijado ningún calendario. Por su parte, los industriales cuestionaron la decisión de la EPA. La disminución de la utilización del carbón en las centrales eléctricas “podría reducir el PIB en 166.000 millones de dólares y costar 1,2 millones de empleos”, advirtió Scott Segal, director del ‘Electric Reliability Council’, que representa al sector.

Ramakrishna, que ofreció ayer una conferencia en la Escuela Superior de Administración de Empresas (ESADE) en Barcelona bajo el título ‘Un acuerdo global por el cambio climático’, apeló a la “responsabilidad común” de todos los países para llegar a un acuerdo que desacelere los efectos del cambio climático. El premio Nobel afirmó que dicha responsabilidad no es sólo trabajo de los países industrializados, sino también “de aquellos que se encuentran en un fuerte proceso de desarrollo, como China e India”.

Ramakrishna reconoció los esfuerzos de personajes como el ex vicepresidente norteamericano Al Gore y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por “trasladar la preocupación por el cambio climático a reuniones como la del G-20 o el G-8”. Para corroborar esta importancia, Ramakrishna explicó que entre los cargos que nombró el presidente estadounidense Barack Obama la semana después de jurar el cargo, se encuentra el del enviado especial para el cambio climático, Todd Stern, lo cual “pone la problemática ambiental al mismo nivel que la crisis económica o el conflicto entre India y Pakistán”.

Sin embargo, Ramakrishna consideró “insuficientes” los acuerdos alcanzados hasta ahora porque “debe incluirse a los países en vías de desarrollo”. En este sentido apeló a los responsables de estos países a realizar un desarrollo sostenible de su economía para no repetir errores del pasado, porque “son sólo ellos quienes tienen el futuro en sus manos”. Ramakrishna resaltó la importancia del papel de India y China en la próxima conferencia sobre cambio climático a celebrar en Dinamarca en diciembre de este año, debido al crecimiento que están teniendo sus emisiones contaminantes a la atmósfera. Como señaló el premio Nobel, todas las expectativas están puestas en saber cuál será el papel de las naciones industrializadas emergentes y el de la nueva administración demócrata norteamericana.

El premio Nobel recordó que Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto por la negativa del ex presidente George Bush, pero que el actual presidente, Barack Obama, “ha sabido entender la importancia del problema”. Ramakrishna también apeló a la responsabilidad de los empresarios para desarrollar una actividad económica que sea respetuosa con el medio ambiente y ha subrayado la importancia de encontrar un equilibrio entre el progreso económico y tecnológico y el respeto al medio ambiente.

Esta es la tercera edición de la encuesta bianual realizada por CECU entre los consumidores españoles. En total, 1.002 personas han respondido a un cuestionario donde se les pedía que valoraran la Responsabilidad Corporativa (RC); la información que reciben sobre esta materia;  sus hábitos de compra ética y responsable; y la labor de promoción de la RC que realiza el Gobierno. Sus repuestas revelan que aún queda mucho trabajo por hacer para dar a conocer la Responsabilidad Corporativa entre los consumidores.

De los datos obtenidos destaca el aprobado bajo que reciben las empresas españolas por su desempeño social  y ambiental. De media los españoles otorgan un 5,3 a la actuación de las compañías, media que baja hasta el 4,9 cuando se trata de los países en desarrollo.  Puntuaciones que aún son más bajas entre las personas con mayor nivel educativo.

Además, igual que en la encuesta realizada por CECU en 2006, los consumidores valoran mejor el comportamiento de la pyme frente a la gran empresa.

“Los esfuerzos de la empresa a nivel social no están cuajando”, concluye Ana Etchenique, responsables de relaciones institucionales de CECU, a la luz de estos datos. “Da la impresión de que las empresas están más interesadas en la RSE de lo que lo están los ciudadanos”.

Sin embargo, los resultados de estas valoraciones manifiestan mejorías respecto a la edición anterior de la encuesta. Las empresas han mejorado ligeramente su nota en ambos  aspectos pero especialmente en cuanto a la opinión de los españoles sobre la RSE de las empresas en los países en vías de desarrollo. En 2006 recibían un puntuación de 2,8.

De todas las áreas de actuación que engloba la RC los consumidores dan más importancia al respecto  a los derechos humanos, al medio ambiente y la relación con empleados que al resto de ámbitos. Sin embargo, a la hora de evaluar el comportamiento empresarial en estas áreas, dan un aprobado alto a la relación con clientes (6,3) y un aprobado bajo a al respeto a los derechos humanos (5,5) y la relación con empleados (5,4). Suspenden a las empresas en colaboración con causas sociales (4,5), corrupción (4,4), transparencia (4,4) y medio ambiente (4,2).

Por su parte el Gobierno no consigue un aprobado (4,7) en la promoción de la RC. Los ciudadanos consideran que está impulsando de forma  insuficiente el comportamiento social y ambiental de las empresas españolas.

Además, los ciudadanos se muestran a favor de legislar sobre la Responsabilidad Corporativa. El acuerdo es unánime (83%) sobre la necesidad de obligar a las empresas españolas a que informen de su desempeño social y ambiental; y el 54% de los consumidores encuestados  quieren que el Gobierno obligue por ley a las empresas a mejorar su comportamiento social. Es más, un 70% de los encuestados creen que debería existir leyes internacionales a las que las empresas deberían someterse cuando operan en los países en desarrollo.
 
Comprar considerando la responsabilidad corporativa

El estudio revela que los consumidores españoles tienen poca información sobre Responsabilidad Corporativa y que a la hora de recibir esta información la propia empresa es considerada la fuente menos fiable. “La gente no se fía de la información. Existe un problema de confianza de la ciudadanía hacia la comunidad empresarial”, apunta Etchenique.

En este sentido, los encuestados afirmaban conseguir la información de dos fuentes fundamentales: internet y los medios de comunicación. Del mismo modo, consideran la personal (7,3) como la fuente más fiable en relación a la RC, después vendrían las ONG (5,3) y los medios de comunicación (5,1).